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El lehendakari Ibarretxe, rodeado de todos sus consejeros, ayer en el momento de dar lectura a la declaración institucional sobre la prohibición de la consulta. Foto: efe |
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el constitucional declara ilegal la consulta >
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El lehendakari llama a ciudadanos y partidos a denunciar la sentencia del TC ante Europa
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los miembros del gobierno vasco apoyarán a título individual esta iniciativa el día 23.
Ibarretxe califica el fallo de "atentado al autogobierno" y el Ejecutivo español dice que la vía europea conduce al fracaso.
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Carlos C. Borra
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bilbao. La Ley de Consulta aún no ha llegado al final del camino abierto con su aprobación el pasado 27 de junio en el Parlamento vasco, a pesar de la sentencia ilegalizadora que dictó el jueves el Tribunal Constitucional a instancias del Ejecutivo español. Así lo expresó ayer el lehendakari Ibarretxe en la declaración institucional que leyó en el Palacio de Ajuria Enea, que encabezó con la frase "aceptamos pero no nos resignamos", y con la que quiso transmitir a la sociedad vasca "un mensaje de serenidad y de mirada al frente, nunca de resignación ni de pasividad, sino todo lo contrario, un mensaje de movilización pacífica en lo social y activa en lo político".
Si bien ya se conocía que esta respuesta tiene la vista puesta en Europa, el jefe del Ejecutivo de Gasteiz concretó ayer que el próximo día 23 él mismo y los miembros de su gabinete respaldarán a título personal con su firma tanto las denuncias particulares de ciudadanos como las de adhesión a la demanda que los miembros del tripartito vasco y Aralar presentarán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar el veto al plebiscito popular.
Por este motivo, Juan José Ibarretxe emplazó ayer formalmente a la ciudadanía vasca y a los partidos políticos a que denuncien al Estado español ante el tribunal con sede en Estrasburgo por sus "incumplimientos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, al haberse impedido el ejercicio del derecho a la consulta que la Ley ahora anulada y declarada inconstitucional preveía". Una iniciativa que promoverán los partidos impulsores del plebiscito, y que elevarán a las instancias europeas en una fecha aún por determinar.
El Consejo de Gobierno del Ejecutivo de Gasteiz se reunió en la mañana de ayer, tan sólo horas después de que el Alto Tribunal hiciera pública su sentencia en la noche del jueves, para analizarla y consensuar la respuesta a la misma. Tras el encuentro, el lehendakari, rodeado por la totalidad de los integrantes de su gabinete, se encargó de dar voz a dicha reacción a través de la lectura de una declaración institucional.
"insólito en europa" La interpretación que Juan José Ibarretxe realizó de la naturaleza y finalidad de la Ley de Consulta difiere radicalmente de los argumentos expuestos por el Tribunal Constitucional en su sentencia, tal y como se deduce de la valoración llevada a cabo ayer por el jefe del Ejecutivo vasco. De este modo, si el Alto Tribunal estima que la atribución de las instituciones vascas de la capacidad de convocar consultas invade las competencias del Gobierno español; Ibarretxe considera en cambio que el veto al plebiscito invalida la capacidad de los ciudadanos de "elegir representantes políticos para que luego éstos no puedan llevar adelante los proyectos prometidos cuando fueron elegidos y por los que fueron elegidos".
"Nos encontramos ante la imposibilidad de emitir opinión, de dar cauce al pensamiento", aseguró, tras lo que no ahorró en calificativos para la resolución que el Alto Tribunal adoptó por unanimidad, tachándola de "atentado al autogobierno vasco y atropello democrático", que supone "el desprecio más absoluto al Parlamento vasco y sus normas jurídicas" y que ha culminado "un guión perfectamente trazado desde las razones políticas del Estado".
A continuación, consideró "lógico y legítimo" acudir ahora al Tribunal de Estrasburgo, "una vez cerradas todas las vías jurisdiccionales internas" y debido a que la sentencia establece una "situación insólita en la Europa democrática del siglo XXI, donde preguntar a la sociedad de cada entorno es habitual y un refuerzo para las democracias". Agregó que es la propia sociedad vasca, con el liderazgo de los partidos políticos, la que debe sustentar esta respuesta, tomando "el protagonismo que le corresponde y que las instancias del Estado quieren hurtarle".
Por todo ello, instó tanto a la sociedad vasca como a los partidos políticos que están llamados a gestionar esta iniciativa, a la "adopción de cuantas medidas de defensa de su derecho a ser consultados correspondan, denunciando política y jurídicamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Reino de España".
El Gobierno vasco, si bien se reserva "todas las iniciativas legales, sociales y políticas que se hallen a nuestro alcance para defender el derecho de la sociedad vasca a ser consultada y a decidir su futuro", protagonizará el día 23 un acto solemne en el que apoyará, a título personal de sus miembros, la demanda que los partidos elevarán a Estrasburgo. "Invitamos a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que estimen que sus derechos fundamentales de emitir opinión y participar en la vida política han sido violados a que hagan lo mismo", concluyó Ibarretxe.
"abocado al fracaso" Por su parte, el Gobierno español expresó por un lado su respeto de la resolución del Tribunal Constitucional y vaticinó por otro que la denuncia del fallo en Europa no llegará a nada. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que el fallo no ha sorprendido al gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero porque la Ley de Consulta era "contraria a las reglas del juego", y agregó que el Tribunal Europeo no va a "aceptar un desafío contra la ley como el que plantea el señor Ibarretxe".
Al mismo tiempo, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, resaltó la unanimidad con la que los magistrados del Alto Tribunal han declarado ilegal la consulta impulsada por el lehendakari, y advirtió a este último de que el recurso al Tribunal de Estrasburgo "está abocado al fracaso".
Declaración institucional del Gobierno Vasco
Acatamos pero no nos resignamos.
Como si de la crónica de una sentencia anunciada se tratara, el Tribunal Constitucional español, en seguimiento de un guión perfectamente trazado desde las razones de Estado y cuya primera página escribió con su recurso el presidente español, Rodríguez Zapatero, ha procedido a anular la Ley del Parlamento vasco por la que se convocaba y regulaba una consulta popular al objeto de recabar la opinión de la ciudadanía de Euskadi sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política.
Ello supone, desde una perspectiva institucional, el desprecio más absoluto al Parlamento vasco y sus normas jurídicas, pero desde el punto de vista político y social implica, además, un atropello democrático, toda vez que con esta sentencia se prohíbe una consulta de opinión, no vinculante, por parte de un Estado que se dice democrático y de derecho.
Desafortunadamente, el tiempo y el Tribunal Constitucional español han acabado certificando el peor de los presagios anteponiendo la razón política a la razón jurídica, la razón de Estado a la razón democrática.
La sociedad vasca debe saber que las razones políticas del Estado, que disfrazadas de juridicidad soportan la sentencia, son algo más profundo que un atentado al autogobierno vasco, puesto que en realidad nos encontramos ante la imposibilidad de emitir opinión, de dar cauce al pensamiento, y, en suma, ante la invalidez de la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas de elegir representantes políticos para que luego éstos no puedan llevar adelante los proyectos prometidos cuando fueron elegidos y por los que fueron elegidos.
Ante esta declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento Vasco el pasado 27 de junio, este Gobierno interpreta tristemente que la propia calidad del sistema autodeclarado en la Constitución española como democrático mantiene quiebras difíciles de entender en la Europa contemporánea. Nos hallamos en una situación insólita en la Europa democrática del siglo XXI, donde preguntar a la sociedad de cada entorno es habitual y un refuerzo para las democracias.
En este momento, y más allá de hacer visible lo que este Gobierno considera una injusticia arbitraria sufrida por el Parlamento vasco y la sociedad a la que representa, se hace necesario transmitir a ésta, a la sociedad vasca, un mensaje de serenidad y de mirada al frente, nunca de resignación ni de pasividad, sino todo lo contrario, un mensaje de movilización pacífica en lo social y activa en lo político.
El Gobierno entiende que es la propia sociedad vasca, con el liderazgo de los partidos políticos, la que debe tomar el protagonismo que le corresponde y que las instancias del Estado quieren hurtarle, y plantear iniciativas sociales de calado jurídico dentro de las reglas de juego democrático y de participación política por ser la actitud del Estado español incompatible con una sociedad democrática y existir, en su defecto, una amenaza razonablemente próxima para la democracia.
En este contexto, el Gobierno vasco entiende lógico y legítimo, una vez cerradas todas las vías jurisdiccionales internas, el recurso a otras instancias supraestatales para comprobar si las actitudes políticas del Gobierno de España y los razonamientos jurídicos de su Tribunal Constitucional son compatibles con lo que en Europa se llama libertad de pensamiento y de expresión del mismo, y participación política y garantías de la misma.
Por ello, el Gobierno vasco insta formalmente a toda la sociedad vasca, a cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas, y a los partidos políticos, llamados a liderar y gestionar esta iniciativa ciudadana, a la adopción de cuantas medidas de defensa de su derecho a ser consultados correspondan, denunciando políticamente y, jurídicamente, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Reino de España por sus incumplimientos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales al haberse impedido el ejercicio del derecho a la consulta que la Ley ahora anulada y declarada inconstitucional preveía.
Ha llegado el momento de acudir a las instancias europeas a defender nuestro derecho a ser consultados para decidir nuestro propio futuro, sin ningún temor, con confianza en nosotros mismos. No olvidemos que ayer mismo el Tribunal de Justicia Europeo reconoció a este País una capacidad de autogobierno en materia fiscal que permanentemente ha sido atacada y cuestionada por parte de la política y la justicia en España. Primero se nos negó el derecho a decidir, después se nos ha negado el derecho a consultar, a dar nuestra opinión; no permitamos que ahora se nos niegue también el derecho a recurrir aquello que acatamos pero con lo que no estamos de acuerdo por considerarlo un atropello democrático.
Por nuestra parte, como Gobierno, nos reservamos todas las iniciativas legales, sociales y políticas que se hallen a nuestro alcance para defender el derecho de la sociedad vasca a ser consultada y a decidir su futuro. Y como ciudadanos y ciudadanas de este País suscribiremos el martes 23 de septiembre las denuncias particulares y de adhesión a la demanda de los partidos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos e invitamos a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que estimen que sus derechos fundamentales de emitir opinión y participar en la vida política han sido violados a que hagan lo mismo.
Ajuria-Enea, 12 de septiembre de 2008
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Declaración institucional del Gobierno Vasco
en corto
"La sentencia antepone la razón política a la jurídica, la de Estado a la democrática"
"No permitamos que se nos niegue el derecho a recurrir aquello con lo que no comulgamos"
juan josé ibarretxe
Lehendakari |
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