Su labor mediadora le ha llevado sobre todo a Irlanda del Norte y Sudáfrica, pero también a Sri Lanka, Ruanda y Oriente Próximo. Brian Currin, que había sido llamado como testigo por la defensa de Ibarretxe, es una de las voces más autorizadas para hablar de su encausamiento bilbao. Tan inesperada fue la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del pasado lunes de sobreseer la causa abierta contra el lehendakari que pilló a uno de los testigos de la defensa, Brian Currin, ya embarcado en su vuelo hacia Bilbao desde Sudáfrica, su país natal. El experto en resolución de conflictos y abogado de profesión ya no tendrá que comparecer hoy ante el alto Tribunal vasco para prestar declaración como testigo de la defensa de Juan José Ibarretxe. Sin embargo, aprovecha esta entrevista para destacar el "sinsentido" de un proceso judicial que, según su amplia experiencia, no tiene parangón en el ámbito internacional.
La decisión del tribunal de archivar la causa contra el lehendakari sorprendió a prácticamente todo el mundo. ¿A usted también?
Sí, pero lo que más me sorprendió fue que se llevara a cabo el proceso judicial, ya que después de hacer algunas pesquisas legales llegué a la conclusión de que no había base para celebrar ningún juicio.
Entonces, habiendo seguido este proceso desde la distancia, ¿nunca llegó a imaginar que llegaría hasta la celebración de la vista oral?
No pensé que fuera a llegar tan lejos, creí que los jueces encargados de investigar el caso lo iban a dejar porque no era de interés público, al tratarse de personas que estaban buscando una solución pacífica a un problema. Tampoco creo que hubiera base para trasladarlo al ámbito privado, con los grupos que iniciaron el proceso [las acusaciones populares formadas por el Foro Ermua y Dignidad y Justicia].
El dictamen del tribunal presidido por Manuel Díaz de Rábago le pilló viajando en avión para declarar a petición de la defensa. ¿Con qué ánimo venía a Bilbao?
Fui invitado para aportar mi testimonio como testigo experto, y la línea principal del mismo hubiera sido que es increíble que se procese a personas que están hablando y negociando para tratar de encontrar una solución pacífica. No entendía que hiciera falta mi testimonio en absoluto para un procesamiento de esta naturaleza. Me sorprendía especialmente que los miembros del gabinete del presidente Zapatero hubieran mantenido encuentros con ETA con todo su apoyo porque, ¿cómo se puede procesar a miembros de otro gobierno por hacer exactamente lo mismo? Es ridículo.
Con este proceso se ha tratado también de demonizar el diálogo político, cuando se trata de un elemento clave para la resolución de un conflicto.
Completamente de acuerdo. Este caso ilustra las opiniones extremas que hay dentro del país, por un lado la derecha, el PP y sus seguidores, y por otro el Gobierno en el País Vasco que trataba de encontrar una solución pacífica. Si se compara con mi experiencia en Sudáfrica y en Irlanda del Norte, donde he trabajado más de diez años en total, esos extremos se agravan aún más porque aquí el PP ha utilizado con fines políticos el intento del Gobierno de dialogar con ETA. Y en los casos anteriores, al tratarse de una cuestión de interés nacional, los conservadores y los laboristas nunca se han echado en cara los intentos de negociación ni se han criticado públicamente por intentar encontrar una solución de paz.
¿Habría sido positivo celebrar el juicio hasta el dictamen de una sentencia para despejar cualquier duda sobre la legitimidad del diálogo político, como solicitaba la defensa de Juan José Ibarretxe?
El hecho de que los jueces decidieran archivar el caso ha podido dar en sí mismo legitimidad al proceso y al diálogo del lehendakari.
Pero supone un cierre en falso, ya que la pelota está ahora en el tejado del Tribunal Supremo y se mantiene la incertidumbre sobre la legalidad o no del diálogo con todas las partes por un fin noble.
De todas formas, en caso de tener una resolución positiva a favor del lehendakari esos grupos privados [la acusación popular] podían apelar todavía al Tribunal Supremo.
Sí, es verdad.
Lo que significa que igual tengo que testificar todavía en Madrid (risas).
La cuestión fundamental es que, de cara a un posible nuevo proceso de paz, todos los agentes tengan la seguridad de que pueden participar en él sin tener que ir a juicio por ello.
En ese caso es importante tener una decisión del Supremo para legitimar en el futuro cualquier proceso de paz. Mi impresión de los últimos procesos aquí es que todas las negociaciones ocurrían por debajo de la mesa, en privado, sin que nadie se enterara aunque se acabaran enterando después, cuando en otros casos lo importante es que un proceso de paz sea totalmente abierto y transparente. De lo contrario, lo que sucede es que el Gobierno va por delante con los implicados y cuando finalmente anuncia una resolución a un proceso de paz, la gente de a pie no está lista para soportarla porque no ha participado en el trayecto que ha conducido a la misma.
Determinados grupos de víctimas han desempeñado un papel clave al impulsar el proceso contra Ibarretxe como parte acusadora. ¿Puede resultar contraproducente que se impliquen en un proceso hasta el punto de judicializar la política?
En mi opinión, es esencial que las víctimas y los familiares de las víctimas puedan participar en un proceso de paz, no pueden ser ignorados porque si no lo que tendríamos es a personas apoltronadas en un sillón, los políticos, que no han sufrido como los demás y no tienen la misma visión del problema.
¿Cómo se puede lograr esto?
Para conseguirlo, y es lo que falta probablemente en el País Vasco y en España en general, es necesario un proceso estructurado con unos mecanismos que permitan una participación constructiva de esos grupos de víctimas, que son al final los que más han sufrido. En caso contrario, lo único que pueden hacer es rechazar el proceso y al no estar incluidos en el mismo sólo van a poner piedras en el camino, no nos van a dejar avanzar.
¿Es el caso de Irlanda del Norte un buen ejemplo de integración de las víctimas en el proceso de paz?
Cuando comenzó el proceso en Irlanda del Norte se invitó a todo el mundo, el público estaba totalmente al tanto, se escuchó a las víctimas y también a los presos, nadie tenía miedo y se generó incluso un orgullo nacional por estar participando en un proceso de paz.
En cambio aquí...
Aquí estamos más bien en un proceso que no existe, todo el mundo se disculpa por estar hablando y los unos y los otros se atacan y se critican. Entonces, las asociaciones de víctimas tienen más que nada miedo, porque temen que igual mañana dejan libres a 500 presos de ETA mientras ellos no están recibiendo nada. Es importante que las víctimas sepan de qué trata y que estén de acuerdo con el proceso de paz y con sus conclusiones, porque si no siempre van a estar en contra, que es básicamente lo que pasa aquí.
Un peligro de no integrarles en la resolución del conflicto es que luego lleven a juicio a los actores principales de la misma.
Exacto, y eso es sintomático de un proceso de paz defectuoso.
Usted que conoce bien la realidad de los conflictos a nivel internacional, ¿se ha dado algún caso similar al proceso judicial vivido aquí?
Nunca lo he visto, lo que no significa que no haya ocurrido, pero, al menos en la historia moderna, no sé de ningún caso similar.
¿Cree que el Gobierno español mantiene abierta la opción de afrontar un nuevo proceso de paz si vuelven a darse las condiciones necesarias?
Es una cuestión complicada. Mirando a lo que ha pasado en los últimos años, creo que sería extremadamente difícil para Madrid aceptar un alto el fuego porque existe un problema de desconfianza enorme. Además, el Gobierno español está a la ofensiva, por lo que parece con bastante éxito, y ETA está respondiendo de forma también bastante agresiva.
¿Entonces...?
Probablemente en los dos próximos años habrá intentos secretos, nunca de forma pública, de hablar para crear las bases de un nuevo proceso de paz. Pero en cuanto a un proceso real ahora no lo veo nada factible. De todas formas, tendría que llevarse a cabo aquí, en el País Vasco, incluyendo a todos los extremos y de forma totalmente abierta y transparente.
Ahora vuelve a estar sobre la mesa la posibilidad de que la izquierda abertzale oficial se presente a las elecciones autonómicas. ¿Sería positivo que pudieran concurrir?
Esos grupos de izquierda favorables a la independencia sí deberían estar incluidos y tomar parte al menos para que el organigrama político en el País Vasco sea representativo de todas las listas y sensibilidades. Ahora, ¿cómo lo van a hacer y superar todas las trabas con las que se puedan encontrar? Eso no es fácil de determinar, pero sí, deberían participar en las elecciones.
Hace unos meses se cortó desde el ámbito judicial la posibilidad de que el lehendakari realizara una consulta a los vascos. ¿Se perdió una oportunidad para dar un paso más hacia la resolución del conflicto?
Si se les hubiera permitido consultar a los ciudadanos y saber qué piensan creo que sólo hubiera sido positivo, porque al fin y al cabo de eso se trata en política, de hablar con tu gente para avanzar. La parte negativa es que en función de los resultados alguien podría haberlos utilizado de una forma u otra. Al final la ironía reside en que el lehendakari no pueda hablar con sus propios ciudadanos.