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748 presos, 47 millones de kilómetros
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Cuando se cumplen veinte años desde que comenzó a aplicarse la política de dispersión de manera sistemática, los familiares de los presos consideran que este "castigo añadido" no ha conseguido su objetivo, "descolgar a los presos del colectivo".
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Amaia Álvarez
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Dice la iruindarra Amalia Pérez que la primera vez que fue a visitar a su hermano Xabier (joven de 35 años encarcelado desde 2005), se fijó en un letrero de la entrada de la cárcel de Soto del Real (Madrid) que decía que las prisiones están para reinsertar a los condenados y no para llevar a cabo castigos añadidos. A su juicio, esto es "una burla", algo "totalmente cínico". Ahora que se cumplen dos décadas del inicio de la política de dispersión de presos vascos, el número de penados ha alcanzado su máximo histórico: 748 distribuidos en 82 prisiones de los Estados español y francés. De ellos, tan sólo quince están en cárceles de Euskal Herria, cuarenta se encuentran totalmente aislados dentro de las prisiones y, en total, el colectivo de allegados de presos vascos, Etxerat, calcula que los familiares recorren en visitas 47,5 millones de kilómetros anuales.
Como consecuencia de la política de dispersión -que "sólo busca destruir" al recluso, según los familiares-, han perdido la vida 21 presos vascos y 16 familiares, éstos últimos en las carreteras, de camino a las visitas. Para reclamar el fin de esta medida penitenciaria que supone "un castigo añadido" a las familias, Etxerat ha organizado durante esta pasada semana una marcha que ha recorrido numerosas localidades y cuyo acto principal se celebró ayer a las 12.00 horas en Durango.
Miguel Olaiz, padre de Jorge, joven de 30 años encarcelado desde hace siete años y medio y que actualmente se encuentra en la prisión de Almería (a 1.030 kilómetros de Iruñea, su localidad natal) denuncia que, con la dispersión, los familiares y amigos de los presos sufren "un castigo totalmente injusto" sin estar condenados. Pérez incide en el "sufrimiento, la impotencia" que provoca esta medida. "Muchas veces los funcionarios nos tratan fatal, nos sentimos humillados, acosados, te hacen desnudarte porque pita cualquier cosa, y lo único que hacemos es ir a ver a nuestros familiares". Su hermano Xabier está ahora en la prisión de Puerto II, en Cádiz. Cada fin de semana, recorre mas de 2.000 kilómetros para verle. "Hay personas mayores que no pueden ver a sus familiares porque no pueden estar catorce horas en un coche. Y la incomunicación familiar mina poco a poco la moral de los presos".
Ante el hecho de que "hay gente que odia a las familias, y no sólo a los presos", Olaiz destaca que los allegados de los presos vascos responden a "todas las ideologías". "El colectivo recoge todo el espectro político, incluso ha habido familiares de partidos que llevan a cabo la política de dispersión". Mario Zapata, que estuvo desde 1987 hasta 1999 encarcelado en más de diez prisiones diferentes, añade que "la denuncia de la dispersión es algo que pasa por encima de las políticas", y lanza una pregunta al aire: "¿Qué se ha conseguido con todo esto?".
Olaiz responde: "Después de veinte años, el objetivo que dicen perseguir no se ha logrado. La dispersión ha fracasado porque el colectivo de presos sigue vigente. Salvo algún caso aislado, no han conseguido desgranarlo". Precisamente por haber "fracasado", el padre de Jorge considera que mantienen la dispersión "por crueldad, por el daño que hacen a los familiares y amigos que vamos a visitar a los presos". El motivo alegado por parte de los Gobiernos para justificar la dispersión siempre ha sido que, a través de ella, los presos abandonarían sus ideas y se descolgarían del colectivo para propiciar así su "reinserción". En definitiva, pretenden "romper con la política de ETA en las cárceles", según afirman fuentes penitenciarias.
Sin embargo, Etxerat cree que la dispersión se utiliza como medio para el "chantaje político", puesto que, tal y como explica Olaiz, siempre se ha seguido la política de "palo y zanahoria". De hecho, esta práctica comenzó de manera sistemática y planificada en 1989, al romperse las conversaciones de Argel entre el Gobierno y ETA. Hasta ese momento también se distribuía a los presos vascos en cárceles alejadas de sus residencias, pero los mantenían agrupados, en Carabanchel y Herrera, sobre todo.
"El PSOE decidió utilizar la política penitenciaria como instrumento político, intentaron utilizar lo que ellos consideran más débil para presionar y que incidiese en el colectivo de presos y presas", opina Zapata. Sin embargo, veinte años después, "el problema sigue estando ahí". "Está claro que por esta vía no se va a solucionar nada, el único camino es el dialogado".
el objetivo
"Ensañarse con los familiares"
Los familiares no dudan: el objetivo de la dispersión no es sólo aislar a los presos, sino buscar la "venganza". "Buscan la manera de hacer daño, de ensañarse con ellos a través de sus familiares", dice Zapata, al tiempo que explica que "si su único objetivo fuese tener a los presos separados, no tendría sentido que los reclusos estén siempre mayoritariamente en Andalucía, a mil kilómetros de sus casas". En las cárceles andaluzas hay cerca de 130 presos vascos.
Un ejemplo de ese método de "palo y zanahoria" que se le aplica a los presos vascos consiste en agrupar a los que consideran disidentes en cárceles más cercanas a sus localidades natales. Los últimos meses han salido a la luz informaciones que demuestran la dinámica del Ejecutivo de Madrid de agrupar a los presos denominados críticos con la dirección de ETA en las cárceles de Villabona (Asturias) y Zuera (Zaragoza), donde hay 32 presos vascos, mientras que los considerados irreductibles los agrupan en el sur, sobre todo en las prisiones del Puerto de Santa María (Cádiz).
Zapata asegura que "esto no es nuevo" y que , "aunque ahora quieran darle más propaganda mediática, siempre han aplicado una dinámica parecida".
Los miembros del colectivo de familiares defienden que los derechos de los penados no deben de estar sujetos a la coyuntura política. En cualquier caso, también manifiestan que los cambios en la política dispersión "han sido mínimos" en sus dos décadas de vigencia. A pesar de mantenerse "constante", los familiares apuntan que en periodos de negociación "no hubo traslados" y, en cambio, al finalizar las conversaciones de negociación, "la política represiva se ha acentuado". Por ello, ahora, etapa posterior a las negociaciones de Loiola (2006), la dispersión, así como la medidas penitenciarias, "se ha endurecido".
Ante este hecho, tras recordar que en el proceso de paz de Irlanda "no se aplicó la dispersión", Zapata destaca que esta medida como tal constituye una política "que entra en contradicción con sus propias normas". Al hilo de esto, resalta que la política penitenciaria del Estado "habla de la necesidad de que los penados estén cerca de su lugar de residencia". El artículo 25.2 de la Constitución española, además, apunta que las penas de prisión deben estar orientadas "a la reeducación y a la reinserción social de los penados". Según señala Zapata, "que un Estado no cumpla sus propias leyes demuestra sus carencias democráticas".
Desde Etxerat tampoco olvidan el coste económico de la dispersión, que, según datos del colectivo, asciende a cifras astronómicas. Calculan que el gasto anual medio de cada familia es de 19.653 euros, por lo que el total del gasto de todos los allegados sería de 14,7 millones de euros anuales. "Muchas familias no pueden hacer frente al gasto que supone, por ejemplo, ir a Cádiz todos los fines de semana, que supone 1.200 kilómetros de ida y otros 1.200 de vuelta", indica Pérez.
Tras recordar que por ser navarros no reciben ayudas económicas para hacer frente a este gasto de desplazamiento, desde Etxerat valoran como "medida propagandística" que en la CAV Patxi López haya anunciado la retirada de estas ayudas -el PSE ha recurrido la convocatoria que hizo el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe antes de dejar la Lehendakaritza- que ofrecía el Gobierno del PNV y que asciende a 225.081 euros. Los miembros de Etxerat califican esta ayuda de "limosna", ya que, en base a sus cálculos, la cifra de ayudas es casi equivalente a lo que gasta el colectivo a la semana, 282.700 euros.
Por ello, Olaiz considera que retirarlas es una "pequeña venganza" para "contentar" a una serie de personas que están "en contra de los familiares". "Aunque en general no nos hacen responsables de la situación, hay gente que no se atreve a decírnoslo directamente a la cara, pero les molesta que existan ayudas dirigidas a nosotros".
A lo que en 1989 comenzó con un alejamiento planificado de sus residencias, después se han ido añadiendo otras medidas penitenciarias a los presos vascos, como, por ejemplo, las agresiones a los penados. Según los datos de Etxerat, "el conjunto de agresiones protagonizadas por funcionarios de prisiones y policías de ambos estados alcanza una cifra superior a 500, tras las que decenas de presos han tenido que recibir atención médica".
Entre los elementos "represivos" que se han ido añadiendo a los largo de estos veinte años se encuentran, según el colectivo de allegados, la dispersión dentro de cada cárcel, la incomunicación, el control de todas las comunicaciones y los impedimentos para poder estudiar o para visitar a las respectivas parejas.
De todos modos, además de las medidas que se les aplica a los presos enfermos, una de las normas más "destructivas" es la doctrina Parot o "cadena perpetua", que permitió desde 2006 ampliar las penas de treinta a cuarenta años. En base a esta norma, por ejemplo, el preso vasco que más tiempo lleva en la cárcel, José Mari Sagardui, Gatza, saldrá de prisión en 2010. "Va a cumplir 29 años en la cárcel, más incluso que Nelson Mandela, cuando debería haber salido hace catorce años", indica Zapata. Para argumentar que "en el Estado español se aplica el código penal más duro de Europa", Olaiz destaca que "la cadena perpetua en Francia es de veinte años y en Alemania oscila entre 15 y 17".
lo que dice la onu
"Es un riesgo y una carga"
No sólo las familias, diversos organismos internacionales también han denunciado la dispersión a lo largo de estos 20 años. Human Rights Watch o Amnistía Internacional son algunos de ellos. Asimismo, el último informe del Relator de la ONU, hecho público el pasado mes de febrero, volvió a criticar esta medida penitenciaria al señalar que constituye "un riesgo y una carga económica para los familiares", así como "un obstáculo práctico para la preparación de la defensa en los casos en los que los internos provisionales están a gran distancia de sus abogados". |
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