TRAS la sesión de investidura parlamentaria y la toma de posesión del cargo de Lehendakari por parte del socialista Patxi López se ha materializado la anunciada catarsis renovadora, la llegada de una ola de valoraciones que aportan más por lo que esconden que por lo que expresan. Y entre la frustración, el desencanto, el escepticismo y el desapego de la mayoría social nacionalista como respuesta al escenario político planteado gracias a la artificiosa (pero legal) técnica empleada para conquistar el ansiado trofeo que representa llegar a Ajuria Enea se aprecia la euforia, el regocijo, el entusiasmo histriónico y la indisimulada mirada revanchista de los aupados al poder. Y en este contexto se alza en la sociedad vasca un cúmulo de incógnitas.
Algunas se van despejando: la renovada fórmula empleada para la toma de posesión muestra el afán identitario dirigido a reforzar el apego al pétreo sistema institucional establecido. El respeto a la ley se da por supuesto a todo político que alcanza el poder. Frente a lo afirmado de forma recurrente, el anterior Gobierno vasco gestionó el poder desde el pleno respeto a la ley…. ¡y empleó las técnicas legales necesarias para promover las reformas legislativas que estuvieron respaldadas por el Parlamento vasco!
Prometer lealtad a la Corona, "desde el respeto a la ley" supone, en palabras de los propios socialistas, el punto final, el cierre a la transición democrática española. ¿Significa o quiere significar tal expresión que la presencia en el poder del nacionalismo institucional no era democrática? ¿Era una anormalidad democrática la también ahora confirmada y reafirmada mayoría nacionalista en Euskadi? ¿Plantear como objetivo político, y con respeto a los cauces legales establecidos, la reforma de la estructura institucional vigente supone gobernar desde el desprecio a la ley?
La inercia del bloque de Constitucionalidad fijado en 1978, en el contexto de una entonces (y ahora, todavía) inmadura y frágil democracia, ¿debe subsistir normativamente sine die, sin plazo de caducidad, como si estuviese escrito sobre mármol y fuese imposible el más mínimo retoque? ¿Por qué se sacraliza un andamiaje institucional construido más bajo el temor a una involución democrática que mirando al futuro? ¿Por qué no se afronta con valentía política, acudiendo al corazón troncal de la democracia, la apertura de una etapa catártica que permita superar el debate inagotado sobre nuestro estatus como pueblo vasco, tal y como, por cierto, nos define el vigente artículo 1 del Estatuto de Gernika?
Una segunda incógnita se despeja: se pasa de la desconfianza al maltrato y al desprecio a una parte de nuestra res publica, de nuestras instituciones públicas, como es el ente público EITB, un ninguneo plasmado en la para nada improvisada estrategia de comunicación tras la investidura parlamentaria, al dirigirse el flamante lehendakari (lo de "no nacionalista" es un añadido acomplejado) a través de dos entes privados y de cobertura estatal (la cadena SER y Antena 3). Y aclara así el verdadero destinatario de la operación culminada con éxito: los votantes españoles.
En medio de esta larga retahíla de lecciones de supuesta tecnocracia modernista por parte de los estrategas del catártico cambio, de huecas y retóricas llamadas al consenso y al acuerdo, hay que ser capaces de transformar la frustración en energía positiva, en crítica constructiva y en lealtad a nuestro sistema público-institucional. No es cuestión de empatías frente a desencuentros, ni de filias y fobias, sino de responsabilidad. Un País no se construye desde lo negativo, desde el desprecio ni desde la prepotencia.
Mientras se asienta y articula desde el "renovado" poder un calculado discurso fundado en la premisa del olvido interesado y falaz, en la ausencia de toda puesta en valor de los avances socio-económicos y políticos que el autogobierno ha traído aparejado para nuestro País en estos últimos treinta años, hemos de avanzar como pueblo vasco en abrir la senda del reconocimiento político y constitucional explícito de una democracia plurinacional, con una demanda fundamentada de mayor autogobierno como garantía de mayor prosperidad social (colectiva e individual) para los ciudadanos vascos. |
