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Behatokia
La macedonia mental, síndrome del nacionalismo perplejo
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Txema Montero
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He leído con detenimiento el artículo de Jon Iñaki Sobrino: Legalidad, legitimidad jurídica y legitimidad política publicado en DEIA el pasado jueves. El autor pone en cuestión una afirmación que hice en una entrevista publicada por dos diarios del Grupo Vocento en la que decía: "En una democracia representativa, legalidad es igual a legitimidad", añadiendo: "te parecerá justo o injusto el resultado pero no puedes cuestionar... que lo que es legal no sea legítimo". Aquello se publicó en Domingo de Resurrección, y Sobrino, muy litúrgico, ha esperado al Corpus Christi para replicarme. Dos meses de reflexión deberían haber sido tiempo suficiente para una argumentación más consistente. Lejos de ello, Sobrino nos sirve una macedonia, revuelto de frutas frías, donde aliña legalidad, legitimidad jurídica y política, justicia, verdad, sentido del voto, representación, medios de comunicación, control jurisdiccional y un largo etcétera con aderezo de higos turcos, arenque letón y ketchup americano. Normal que termine su artículo apelando al "provecho ilegítimo", aunque más preciso habría sido decir "indigesto".
Comienza el repostero estableciendo un emparejamiento nada inocente : "Hilando su discurso a partir de afirmaciones de dos de los analistas de mayor audiencia mediática de nuestro país, Txema Montero y Joseba Arregi". Se me ocurren otra docena larga de "analistas" de gran audiencia mediática que se han pronunciado en los últimos meses sobre el asunto en cuestión, la legitimidad de la elección del Sr. López como lehendakari, a los cuales Sobrino está en su derecho de no mencionar. Pero como resulta que la comparación entre las respectivas "audiencias" de J. Arregi: columnista diario, tertuliano televisivo y radiofónico, conferenciante... y mis escasas, dejémoslo en cuatrimestrales, apariciones en medios de comunicación no admiten paralelismo, debe ser otra razón la que lleva al articulista a uncir bajo el yugo de su artículo a tan dispar pareja de bueyes.
Puestos a buscarla, yo encuentro una: la intencionalidad política consistente en poner juntos a los diferentes para intentar pasarlos como iguales ante los ojos de la gente. Puedo estar de acuerdo con Arregi en los conceptos de democracia, legalidad y legitimidad. Tal cosa no me impide estar en desacuerdo en otros asuntos tan trascendentes como el sujeto político que ejercita la democracia, el destinatario de la ley, o el procedimiento para que la ley se cumpla o la mala ley se corrija. Y por supuesto en que el juego político sea diáfano y sin ventajismo derivado del terrorismo o del antiterrorismo, muy frecuente pretexto para recortar libertades.
Comparar lo comparable es ejercicio obligado en la ciencia, en la política y en la ciencia política. Alude Sobrino a los ejemplos de Turquía, Letonia y EE.UU. ¿Es Turquía un estado democrático en el cual legalidad corresponde con legitimidad? Si tomamos en consideración la firma por parte de Turquía del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos, la respuesta es positiva. Lo mismo se puede decir al considerar que cumple las sentencias del Tribunal Europeo frente a las conculcaciones por parte del gobierno turco de derechos como el de asociación política de los partidos kurdos, interesante precedente para el éxito que espero alcancen los recursos por la ilegalización de Herri Batasuna y otras marcas de la izquierda abertzale. Y en este deseo no me encomiendo a Dios como lo hace Sobrino, pues confundir Derecho Natural o Divino con legalidad democrática es el inicio del camino al desvarío.
Ahora bien, en Turquía sigue existiendo un Consejo de Seguridad Nacional, órgano paritario entre civiles y militares de presidencia civil, que sobre-determina la política. Visto desde aquí, el supuesto sería que en España la Junta de Jefes de Estado Mayor y el Gobierno conformaran un órgano común deliberativo-decisorio político; algo, por cierto, no muy diferente a lo que pretendían los golpistas blandos del 23-F. En Turquía, el islamismo gobierna con abrumadora mayoría, lo que no ha sido obstáculo para que el Tribunal Supremo haya estado a punto de declarar ilegal al partido del Gobierno. Francamente, no me imagino un Estado español con los Legionarios de Cristo ganando de calle elecciones para el Partido Popular y al Tribunal Constitucional declarándolo ilegal.
¿Es Letonia una democracia? En todo caso dudosa, es mi contestación. Con una población donde los originariamente letones suponen poco más de la mitad de los habitantes, quienes conviven con rusos, bielorrusos, ucranianos... que son considerados como agregados y de segunda categoría, la adscripción de Letonia a la sociedad democrática se me hace tan difícil como si en Euskadi no se diese carta de ciudadanía al aproximadamente igual porcentaje de vascos que no somos descendientes de vascos originarios.
¿Y en EE.UU.? La elección del presidente es directa y todos supimos de los innumerables recuentos y recursos ante los tribunales hasta la aceptación por parte de Al Gore de un equívoco resultado. Por cierto, ése sería el caso de la "ilegítima elección" de un lehendakari si la ley electoral vasca prescribiera le elección directa y universal del presidente de nuestro País. Nadie lo ha propuesto nunca, todos aceptamos (hasta el presente) que sea un cargo consecuente con la elección de nuestros representantes parlamentarios y de ahí que yo hablase en la entrevista de "democracia representativa". Por eso mismo debemos aceptar, por injusta que nos parezca, la componenda PP-PSE. Por legal y por legítima.
Porque hay leyes legítimas e injustas. Desde el punto de vista de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, tan querido a los neo-centralistas como Rosa Díez, nada más injusto que la sobre-representación del voto alavés: la ciudad de Vitoria con 230.000 (el 11% de la población de la CAPV) elige 20 parlamentarios de 75 (más del 25%). Un hombre, cuatro votos. Y sin embargo nadie ha hecho tacha de falsedad electoral, como nadie, salvo los propios interesados, llamaron al boicot ante unas elecciones donde por fuerza de la Ley de Partidos no pudo votar a sus representados un 15% de la población.
En otro ámbito de debate, el portavoz de la Conferencia Episcopal mantuvo su oposición a la ampliación de la Ley del Aborto afirmando que era legal y legítima pero injusta, haciendo gala de una mayor finura democrática que la exhibida por Sobrino. Insistiendo en los temas que entran de lleno en el ámbito de los derechos fundamentales y con el mismo tema rondando, hace unas semanas, en estas mismas páginas, J. R. Blázquez, articulista de fundamento, me contravenía con la pena de muerte en el Estado de Texas al afirmar que era legal pero no legítima. Mi respuesta es la misma: es legal y legítima pero injusta. Como legal, legítima y justa es su abolición en el Estado de Massachusetts.
¿A dónde nos llevan estas disquisiciones? A un punto trascendental y sin retorno: si concluimos que el Estado, un Estado cualquiera, el español en concreto, es ilegítimo, obrar en consecuencia es la no participación en las elecciones, del orden que sean; en sus instituciones, cualesquiera que sean; y llamar a la desobediencia civil y la resistencia, cualquier modo que sea. Si en otro caso detectamos leyes injustas, funcionamientos anómalos de las instituciones, cualquiera forma de anomia democrática, la estrategia no es otra que acudir a los Tribunales, domésticos o europeo; bajo las Naciones Unidas llegado el caso; conseguir alianzas para cambiar las malas leyes, o el convencimiento de los electores que nos den nuevas mayorías.
Y ese me parece el quid de la cuestión: la irrupción de afirmaciones como las de J. I. Sobrino, que atando moscas por el rabo, nos habla de una "legitimidad política que no sólo tiene que ver con el voto, sino con el sentido del voto", hallazgo comparable a la del electoralmente derrotado Tierno Galván cuando calificaba los votos que consiguió como escasos pero, eso sí, "de calidad".
Hallazgo por hallazgo, diagnostico el síndrome de Sobrino, que no es otro que el de la perplejidad y la radicalidad sobrevenida ante la merma electoral. Yo, que estoy curando de esa enfermedad infantil, apelo al buen sentido republicano del nacionalismo cívico (el término me gusta más que el de nacionalismo institucional); a su compromiso histórico con la democracia y a su combatividad en la adversidad; en defensa de nuestra causa y por el camino de la democracia.
Acabando estas líneas, rememoro algo que hace poco escribí describiendo el modo de hacer política en nuestro país: "la insoportable percepción de estar siempre comenzando". ¡A estas alturas y discutiendo lo básico! |
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